¿Colombia necesita una reforma integral al Código Penal para humanizar el sistema carcelario y penitenciario?
Jueves 21 de marzo 2019 - Ibagué
Columna escrita para El Nuevo Día
Área de Derecho Penal. Consultorio Jurídico. Universidad de Ibagué.
Columna escrita para El Nuevo Día
Área de Derecho Penal. Consultorio Jurídico. Universidad de Ibagué.
En febrero de 2019, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, presentó ante la Corte Constitucional el Plan de transformación y humanización del Sistema Carcelario en Colombia, mediante el cual respondió a los requerimientos de las sentencias T-388 del 2013 y T- 762 del 2015. A través de estas sentencias se decretó un estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario, relacionado con el tema de afectación de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y que se encuentran en condiciones de hacinamiento.
Con este proyecto de ley se pretende concientizar a la ciudadanía acerca del hecho de que no todas las personas deben ir a la cárcel, pues existen otras formas de Justicia material, como la Justicia restaurativa; esto es, la reparación a la víctima a través de la indemnización de daños y perjuicios o,igualmente, la reparación simbólica. Así mismo, se procura construir una política criminal más coherente y racional, enfocada en la prevención y no solamente en la sanción.
A modo de ejemplo, al área de Derecho Penal del Consultorio Ju- rídico de la Universidad de Ibagué, llegan causas seguidas en los juzgados, que, por un lado, no representan una real afectación al bien jurídico tutelado y, a la vez, no revisten la importancia jurídica para exigir un verdadero reproche social Uno de ellos es el caso de un indigente a quien se le adelanta un proceso en un juzgado, por el delito de hurto de un tarro de leche Klim, del cual se apoderó en un establecimiento de comercio; otro caso se adelanta por el hurto de un racimo de bananos de un predio rural.
A partir de ello, vale la pena preguntarse, ¿resulta necesario poner en movimiento todo el aparato jurisdiccional de administración de justicia en eventos similares a estos y acrecentar la problemática actual del hacinamiento en las cárceles? Resulta inminente, entonces, la necesidad de que la política criminal del Estado tenga por un lado, el enfoque de carácter preventivo en cuanto a la comisión de delitos y, por otro, que la pena cumpla su fin principal, que es la resocialización de los condenados.
Con este proyecto de ley se pretende concientizar a la ciudadanía acerca del hecho de que no todas las personas deben ir a la cárcel, pues existen otras formas de Justicia material, como la Justicia restaurativa; esto es, la reparación a la víctima a través de la indemnización de daños y perjuicios o,igualmente, la reparación simbólica. Así mismo, se procura construir una política criminal más coherente y racional, enfocada en la prevención y no solamente en la sanción.
A modo de ejemplo, al área de Derecho Penal del Consultorio Ju- rídico de la Universidad de Ibagué, llegan causas seguidas en los juzgados, que, por un lado, no representan una real afectación al bien jurídico tutelado y, a la vez, no revisten la importancia jurídica para exigir un verdadero reproche social Uno de ellos es el caso de un indigente a quien se le adelanta un proceso en un juzgado, por el delito de hurto de un tarro de leche Klim, del cual se apoderó en un establecimiento de comercio; otro caso se adelanta por el hurto de un racimo de bananos de un predio rural.
A partir de ello, vale la pena preguntarse, ¿resulta necesario poner en movimiento todo el aparato jurisdiccional de administración de justicia en eventos similares a estos y acrecentar la problemática actual del hacinamiento en las cárceles? Resulta inminente, entonces, la necesidad de que la política criminal del Estado tenga por un lado, el enfoque de carácter preventivo en cuanto a la comisión de delitos y, por otro, que la pena cumpla su fin principal, que es la resocialización de los condenados.
