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El pago de las cuotas alimentarias se ha convertido en un problema social difícil de solucionar. Pese a que nuestro ordenamiento establece acciones civiles para perseguir su pago, y abstenerse de cumplir constituye un delito sancionado con penas de prisión, en la práctica son muchos los obligados que hacen caso omiso de su responsabilidad, a tal punto que las demandas por alimentos constituyen la mayoría de procesos que se tramitan ante los jueces de Familia, y en las cárceles de nuestro país un buen número de detenidos fueron condenados por inasistencia alimentaria.

Para garantizar el cumplimiento de este tipo de obligaciones, el Congreso aprobó la creación de un Registro Nacional de deudores morosos de cuotas de alimentos que llevará por nombre REDAM y que estará a cargo del Ministerio de Justicia. El proyecto aprobado por el Congreso, al ser ley estatutaria, fue sometido al examen de la Corte Constitucional que le acaba de dar su visto bueno con unas pequeñas modificaciones.

Una persona podrá ser incluida en este registro si ha sido condenada a pagar una cuota alimentaria o ha acordado hacerlo mediante una conciliación, pero, pese a ello, incurre en mora de tres meses en su pago. El ciudadano incluido en el registro no podrá ocupar ningún cargo público ni de elección popular; si ya viene ocupando un cargo de esta naturaleza, deberá ser suspendido hasta tanto se ponga al día en el pago de las cuotas atrasadas.

Por otra parte, el deudor no podrá salir del país, ni decidir sobre la salida del país del menor afectado, ni contratar con el Estado; tendrá limitaciones a la hora de solicitar créditos ante entidades financieras y otros impedimentos que buscan presionar para garantizar el pago de las cuotas alimentarias por parte de aquellos que se muestran reacios a hacerlo. El proyecto se encuentra pendiente de ser enviado al presidente para su sanción, a partir de la cual, el Estado tendrá seis meses para poner en funcionamiento el mencionado registro.